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title: "Diputados retoma el debate de la ley sobre Malvinas en medio de críticas opositoras"
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description: "El proyecto del Gobierno endurece las penas contra las empresas que operen en las islas sin autorización y crea un Consejo de Seguridad Nacional, el punto más cuestionado del texto. Las sanciones complican a una petrolera británica que busca extraer crudo cerca del archipiélago."
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date_published: "2026-10-06T13:30:00-03:00"
date_modified: "2026-10-06T13:33:22-03:00"
author_name: "Alexia Puiggari"
category_name: "Política y Economía"
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category_description: "Las noticias más importantes del país"
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# Diputados retoma el debate de la ley sobre Malvinas en medio de críticas opositoras

La Cámara de Diputados vuelve a discutir este martes, a partir de las 15.30, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones por la explotación de recursos en las Islas Malvinas. Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores escucharán a 13 expositores propuestos por la oposición, luego de que el primer encuentro terminara antes de tiempo por un fuerte cruce entre diputados. Las tres comisiones están presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, legisladores de La Libertad Avanza. El oficialismo pretendía firmar hoy el dictamen, pero el cronograma se demoró y ahora apunta a llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

La iniciativa reemplaza la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrada en los hidrocarburos, y extiende las sanciones a cualquier explotación de recursos naturales sin autorización argentina. Prevé multas de hasta 500.000 barriles de petróleo equivalentes, inhabilitaciones de hasta veinte años para operar en el país y penas de entre 12 y 20 años de prisión. También habilita el juicio en ausencia, para que los responsables puedan ser juzgados aunque no se presenten ante la Justicia argentina.

Sin embargo, el texto va más allá de las islas. La propuesta es la creación del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por ministros y por la Secretaría de Inteligencia, e incorpora al Código Penal nuevos delitos vinculados a la desinformación y a la injerencia extranjera en la vida política del país.

El debate se abre cuando las sanciones anunciadas ya muestran efectos en Sea Lion, un proyecto para extraer petróleo cerca de las islas sin permiso argentino. Según un comunicado de la petrolera británica Rockhopper, dos compañías que trabajaban en el proyecto se retiraron y deberán ser reemplazadas. De acuerdo con A24, tras los anuncios de Milei sus acciones cayeron más de 10% en la Bolsa de Londres.

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**Tensión en el primer plenario. Un fuerte cruce entre el diputado Juan Grabois (Unión por la Patria) y legisladores de La Libertad Avanza obligó a levantar la reunión del 30 de septiembre en el Anexo C de Diputados. Hoy, las comisiones vuelven a reunirse para escuchar a 13 invitados de la oposición. (Cortesía: La Tecla)**

Desde el oficialismo, Santillán sostuvo en el primer plenario que, aunque la iniciativa es extensa, su eje es la defensa de los derechos soberanos sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Por su parte, Rodríguez Machado remarcó: "Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía". Frente a las críticas, en La Libertad Avanza aclararon que el delito de desinformación no apunta a opiniones ni a publicaciones periodísticas, sino a operaciones con apoyo extranjero, y que las decisiones del Consejo estarán sujetas al control judicial.

La oposición, en cambio, acompaña el endurecimiento de las sanciones, pero rechaza el resto del texto. Consultado para esta nota, el diputado Jorge Taiana (Unión por la Patria), exministro de Defensa, remitió a sus publicaciones en redes, donde señaló que solo el primer título del proyecto habla de Malvinas y que el resto responde a pedidos de Estados Unidos. Taiana advirtió: "No se trata de Malvinas, sino de romper una tradición de la democracia argentina que es mantener separadas las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia", advirtió. Además, en una columna publicada en La Nación titulada "La utilización de Malvinas como caballo de Troya", Taiana también puso en duda la dureza de las sanciones económicas. Según su análisis, el régimen de desistimiento y regularización que incluye el proyecto permite a las empresas que realizaron actividades prohibidas en las islas suspender los procesos en su contra y regularizar su situación mediante multas o compromisos de inversión, lo que incluso extingue la acción penal. Para el legislador, eso abre "importantes líneas de fuga" en el endurecimiento que proclama el Gobierno.

Entre los veteranos de guerra, las posturas también se dividen. Gustavo Pirich, excombatiente y referente del Grupo por Soberanía, consideró que endurecer las penas "siempre sirve" porque afecta los balances de las empresas, pero desconfió de que este Gobierno sostenga esa política y sostuvo: "Malvinas es esencialmente una causa popular, del pueblo, y no de las elites". Pero, el más duro fue el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que hoy expone en el plenario y marcha a la Corte Suprema tras perder un juicio contra la venta de tierras a extranjeros. Ernesto Alonso, integrante del centro, afirmó: "La ley que presentaron no tiene nada que ver, es la resurrección de la doctrina de la seguridad nacional".

Lo que ocurra esta tarde en las comisiones será una primera señal de cuántos apoyos tiene la ley para llegar al recinto.

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