La sesión del jueves en el Congreso vuelve a poner en discusión el alcance del DNU 70/2023 y los límites del Poder Ejecutivo. Esteban Paulón, diputado nacional, es una de las voces que cuestiona las decisiones del gobierno de Javier Milei y advierte sobre sus consecuencias institucionales, económicas y sociales. Desde su lugar en el Parlamento, plantea la necesidad de defender el funcionamiento de las instituciones, revisar el impacto de las medidas económicas y discutir qué modelo de país se busca construir.
El DNU 70/2023 se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y el Congreso. Para Paulón, el problema excede el contenido de la norma y se vincula con la forma de ejercer el poder. El diputado advierte que el rechazo de la norma permitiría recuperar las leyes derogadas y tendría consecuencias concretas en cuestiones como la regulación de los alquileres, las tasas de las tarjetas de crédito y las tarifas de la medicina prepaga. En ese escenario, también cuestiona el rumbo económico de la gestión de Milei y plantea que la oposición debe ir más allá de la defensa de los derechos adquiridos para construir una alternativa capaz de ofrecer respuestas y generar expectativas de futuro.
¿Qué riesgos institucionales implica el DNU 70/2023, incluso más allá de este Gobierno?
El DNU 70 representa un riesgo grave para la democracia y para el sistema institucional, porque valida que un presidente pueda gobernar a sola firma, por encima del Congreso y del Poder Judicial. El decreto de necesidad y urgencia es un instrumento de excepcionalidad, no una regla. El antecedente que fija es peligroso, porque podría hacer que cada presidente quiera dictar su propio decreto fundacional.
Si el Congreso logra rechazar el DNU, ¿qué cambiaría concretamente para la sociedad?
El rechazo del DNU 70 repondría automáticamente todas las leyes derogadas, con efectos concretos en la vida cotidiana, como la regulación de los alquileres, las tasas de las tarjetas de crédito y las tarifas de las empresas de medicina prepaga. La responsabilidad por las consecuencias de haber aplicado el decreto durante estos años es del Gobierno.
¿Qué consecuencias sociales quedan invisibilizadas cuando el ajuste se discute solo en términos de déficit e inflación?
Muchas de las medidas que se tomaron han sido perjudiciales para la gente. El Gobierno quiso aplicar un shock para ordenar la economía y bajar rápidamente la inflación, pero esas medidas tuvieron consecuencias: caída de los ingresos, pérdida de capacidad de compra, aumento de la pobreza y una inflación que no termina de bajar. Además, los servicios y las tarifas se están comiendo buena parte del salario de las familias.
¿Alcanza con que un derecho exista formalmente si no hay condiciones para ejercerlo?
Los derechos consagrados por las leyes tienen que tener un respaldo en la vida real. En educación y salud, por ejemplo, se necesita presupuesto y políticas públicas. Cuando uno se presenta a una elección y quiere gobernar, no lo hace para cerrar el Estado, sino para hacer mejor las cosas, corregir lo que funciona mal y garantizar que las políticas lleguen a la gente.
¿Cómo puede la oposición construir una alternativa que genere expectativas de futuro?
No hay espacio para que la oposición se centre únicamente en defender lo conquistado. Tenemos que generar una propuesta suficientemente atractiva que no mire al pasado y ofrecerle a la ciudadanía una promesa de futuro que genere esperanza y permita votar algo distinto de Milei. Eso requiere políticas públicas, ingeniería electoral y un programa político. También una nueva generación política tiene que hacerse cargo de la conducción de los destinos del país.
¿Qué decisión del Gobierno podría representar un punto de inflexión para la Argentina dentro de diez años?
Creo que la decisión vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puede representar un punto de inflexión positivo o negativo, dependiendo de lo que haga el próximo gobierno. Todavía estamos a tiempo de establecer reglas para que la explotación de los recursos naturales esté acompañada por cadenas de valor local, generación de empleo y distribución de la riqueza. Los recursos naturales no son de las empresas privadas, ni de los gobernadores, ni de las provincias, ni del presidente de la Nación. Son de los 48 millones de argentinos.
