La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó este martes 27 de octubre una nueva reunión informativa sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. Sin embargo, el oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen esta semana y debió postergar sus planes. Ahora, el Gobierno evalúa emitir el 11 de noviembre para llevar la iniciativa al recinto el 18 de ese mes. Si las negociaciones no prosperan, otra posibilidad es firmarlo el 18 y debatirlo durante la última semana de noviembre.
La postergación responde a las diferencias que La Libertad Avanza mantiene con los bloques , cuyos votos necesitan para conseguir un dictamen de mayoría. El oficialismo cuenta con 20 de los 49 integrantes de la comisión, por lo que debe negociar con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Argentina Federal, Provincias Unidas y otras bancadas provinciales. La intención inicial era cerrar la ronda de consultas el martes y firmar el despacho al día siguiente, pero las conversaciones continúan abiertas.
Uno de los principales puntos de conflicto es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento y los salarios de las instituciones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia entre ambas cifras constituye uno de los ejes de las negociaciones entre el Gobierno y los legisladores que buscan modificar la iniciativa.
Otro foco de tensión es el artículo 17, que propone derogar disposiciones de la Ley 27.160 vinculadas con la movilidad automática y la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y sus topes de ingresos. Este punto anticipa una discusión entre el oficialismo y los sectores de la oposición que cuestionan los cambios en los mecanismos de actualización de las prestaciones sociales.
La falta de consensos parlamentarios obliga al Gobierno a extender las negociaciones para avanzar con una de las leyes centrales de su agenda económica. Elaboración propia.
Los reclamos de los gobernadores también complican las conversaciones. Los mandatarios provinciales plantean la necesidad de recuperar la inversión en infraestructura, reparar las rutas nacionales y atender las deudas vinculadas con las cajas jubilatorias provinciales. En ese contexto, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora, expusieron sus preocupaciones por la caída de los recursos de coparticipación, las mayores demandas sociales, la crisis de las pequeñas y medianas empresas y el deterioro de la infraestructura.
En materia previsional, el proyecto incluye una partida global de $503.325,9 millones para las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, no detalla cuánto recibirá cada jurisdicción. Desde Córdoba advierten que los recursos previstos no alcanzarían para cubrir el déficit de la actualización de las jubilaciones ni para cumplir con los fallos de la Corte Suprema.
La distribución de los fondos para infraestructura también puede influir en los acuerdos parlamentarios. Mientras varios gobernadores reclaman mayores inversiones y recursos para recuperar los caminos, el proyecto asigna más de $141.500 millones a Salta para obras de conectividad y recuperación de rutas. La discusión sobre el reparto de los recursos se suma así a las diferencias por el gasto social y universitario.
En paralelo, el peronismo prepara un dictamen propio de rechazo a la política de ajuste del Gobierno, aunque sus integrantes también buscarán priorizar las necesidades de sus provincias. Este escenario obliga al oficialismo a sostener negociaciones con distintos sectores para intentar reunir las firmas necesarias.
El proyecto prevé una inflación anual del 18% y un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 4%. No obstante, la discusión parlamentaria todavía no tiene un cronograma definitivo. Si el oficialismo consigue los respaldos necesarios, podría emitir dictamen el 11 de noviembre y debatir la iniciativa una semana después. De lo contrario, el tratamiento en Diputados podría trasladarse a la última semana del mes, antes de que el proyecto continúe su recorrido legislativo en el Senado.
