La Argentina pide frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el objetivo es “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental”.

La presentación se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ese artículo permite pedir medidas urgentes al TIDM antes de que se constituya el tribunal arbitral que resolverá el fondo del asunto.

Qué pidió el Gobierno

La solicitud incluye cuatro requerimientos. El primero apunta a que el Reino Unido no inicie ni continúe la explotación de hidrocarburos de Sea Lion. El segundo, a que no use en perjuicio de la Argentina la información obtenida en las exploraciones. El tercero invoca los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, sobre protección del medio marino. El cuarto pide que Londres no adopte medidas que agraven la controversia, en particular nuevas licencias.

El Tribunal debe evaluar si el futuro tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie y si existe urgencia suficiente. Puede aceptar, rechazar o modificar lo solicitado, y todavía no fijó fecha de audiencias. Si dispone medidas, serán obligatorias para las partes.

La posición británica

El lunes, un día antes de la presentación, el primer ministro británico, Andy Burnham, respondió en la Cámara de los Comunes a una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty sobre un eventual reclamo argentino ante el tribunal. Burnham afirmó que el Reino Unido demostró de manera constante su “apoyo inquebrantable” a los habitantes de las islas y al proyecto Sea Lion.

El camino hasta acá

El 28 de septiembre, la Argentina notificó el inicio del arbitraje del Anexo VII de la CONVEMAR y dio dos semanas al Reino Unido para actuar. Ese plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la posición británica.

El respaldo político y jurídico que invoca el Gobierno está en dos resoluciones de la Asamblea General de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según la Cancillería, la Resolución 2065, de 1965, fue adoptada por abrumadora mayoría y sin votos en contra. Reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a ambos países a negociar. La Resolución 31/49, de 1976, pide a las partes abstenerse de decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras las islas atraviesan ese proceso. La Cancillería sostiene que toda actividad unilateral de exploración o explotación en las áreas en disputa contradice esas resoluciones.

El proyecto y sus socios

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Navitas Petroleum es el operador, con el 65%. Rockhopper Exploration, que lo descubrió en 2010, conserva el 35% restante, según su propio anuncio al mercado. Ambas empresas adoptaron la decisión final de inversión de la primera fase a fines de 2025. Esa decisión, según el comunicado de Rockhopper, habilita el pasaje de las licencias a una fase de explotación de 35 años. La producción comercial está prevista para 2028.

Un antecedente conocido

La vía elegida ya fue usada por la Argentina. En 2012, por la retención de la fragata Libertad en Ghana, el país presentó el 14 de noviembre un pedido de medidas provisionales al TIDM bajo el mismo artículo 290.5. El Tribunal resolvió por unanimidad el 15 de diciembre y ordenó a Ghana liberar de inmediato y sin condiciones el buque. Pasó cerca de un mes entre el pedido y la orden.

A diferencia de aquel caso, en el que se discutía la inmunidad de un buque de guerra, el reclamo actual se vincula con una disputa de soberanía, sobre la que la CONVEMAR no otorga jurisdicción general. Por eso, la presentación argentina se apoya en las obligaciones sobre recursos y medio marino, sin pedir una decisión sobre la soberanía de las islas.