Tras reiteradas advertencias por parte de las autoridades, este martes 31 finalmente se efectúa la primera fase del desalojo a los residentes del edificio Casa Santa Cruz 140 en el barrio porteño de Parque Patricios. Se trata de una ex fábrica de toallas, “Selsa” que hace veinte años fue ocupada por inmigrantes peruanos cuando, frente a su situación de abandono, vieron la oportunidad de establecerse definitivamente. El conflicto, sin embargo, radica en el juicio por desalojo iniciado hace casi quince años por el empresario Leonardo Ratuscchny a quien le pertenece la titularidad de dominio del edificio desde que lo compró por un millón y medio de dólares en el año 2010. 

Según explica, Darío Luis, miembro de la organización MTL (Movimiento Territorial de Liberación), a lo largo de estos años, los residentes extranjeros, (nativos, en su mayoría, de Perú), han refaccionado el inmueble de manera tal que le han proporcionado servicios básicos como luz, gas y acceso al agua corriente para facilitar su asentamiento y brindarles la comodidad de una vivienda digna. Con este argumento, sumado al reclamo por la falta de auxilio estatal, los residentes protestan frente a las autoridades y defienden lo que sostienen que es su derecho a permanecer en el complejo fabril bajo el lema “Vivienda sí, desalojo no” al manifestarse en contra de dicha orden.

No obstante, a pesar del intento de resistir lo inevitable, esta madrugada el operativo ha comenzado tal como había sido estipulado y, según confiesan los vecinos allí presentes: con una organización policial una magnitud nunca antes vista en la zona. A pesar de la lluvia y del clima inestable que tiñe de gris la puja entre las fuerzas federales y los vecinos residentes, un cuerpo de doscientos cincuenta efectivos policiales equipados se han instalado alrededor de la propiedad perimetrando el territorio con vallas y rejas y procediendo a expulsar forzosamente, (en los casos de mayor resistencia), a los domiciliados.

Hasta el día de hoy se estima que viven unas ciento setenta familias que se preocupan por el desamparo estatal ante dicha medida que los despoja no solo de sus asentamientos, sino de su acceso a la educación y a la vida en comunidad a la que están acostumbrados. De acuerdo a lo que plantea Miguel García, también miembro del MTL y habitante del barrio Almagro, este episodio de desalojo no es un caso aislado sino que es una mera manifestación de un fenómeno socio político que atenta contra la estabilidad de los asentamientos de miles de extranjeros y que deja en evidencia la ausencia del gobierno a la hora de ofrecer acompañamiento y soluciones a quienes quedan en situación de calle.

Contrario al caótico pronóstico que apaña este día gris, locales de la manzana intervenida aseguran que esperaban mayores grados de violencia y que observan que la situación se viene controlando mejor de lo previsto. Se espera que el procedimiento de desalojo se extienda para los próximos días ya que, como aseguraron los voceros judiciales, la medida se efectuará de manera escalonada y no abrupta.