Diputados debate implementar la Boleta Única de Papel

Política y Economía01 de octubre de 2024 Por Valentina Durontó

Esta nueva medida es un instrumento de votación más eficaz, equitativo y transparente, pero deberá ser acompañada por una fuerte campaña educativa cívica en caso de aprobarse.


La Cámara de Diputados sesionará hoy para aprobar la Boleta Única de Papel (BUP), una reforma que pretende modernizar el sistema electoral actual. En lugar de las boletas partidarias, todas las opciones se reducen a un solo papel con diferentes casillas, para que el ciudadano marque su preferencia. La propuesta ya fue aprobada en el Senado con algunas modificaciones y, si ahora obtiene una mayoría absoluta (129 votos), podría aplicarse a nivel nacional en las próximas elecciones de 2025. 


La discusión de la BUP tiene un largo recorrido. En 2017, la Cámara Nacional Electoral invitó a reflexionar sobre la adopción de la boleta única, que es el sistema que rige en el 80% de las democracias del mundo. “La Argentina está llegando muy tarde al debate. En Europa y en el resto de Latinoamérica, la discusión está centrada en la dicotomía de boleta única de papel o electrónica”, expresó Francisco Sanz de Urquiza, analista de desarrollo de políticas.  


Desde 2011, Córdoba y Santa Fe utilizan la BUP en elecciones provinciales, y ambas proporcionaron resultados positivos. En 2023 se sumó Mendoza, y este es el modelo que decidió adoptar Diputados a nivel nacional en caso de aprobación. Sin embargo, Sanz de Urquiza argumentó que la implementación de esta medida en todas las provincias será desafiante, debido a la diversidad que existe a lo largo del país en términos políticos, sociales, geográficos y económicos. 

 BOLETA ÚNICA

En el modelo mendocino, los cargos aparecen sobre el margen izquierdo y de manera horizontal, mientras que los partidos en las filas verticales.

Crédito: Gobierno de Mendoza  https://www.mendoza.gov.ar/elecciones/boleta-unica/ 


En un contexto de alta desconfianza en el sistema político, la BUP impactaría positivamente en la participación ciudadana. Además de simplificar el proceso de votación, esta medida demostró reducir prácticas clientelares u otros métodos fraudulentos como el robo de boletas y la circulación de boletas falsas. También posibilita que los partidos políticos compitan en condiciones equitativas. Ahora, el Estado asumiría la impresión y distribución de las boletas oficiales (que antes estaban en manos de las fuerzas políticas), lo que elimina las ventajas de aquellos grupos con mayores recursos económicos y humanos.


Ya que no es necesario imprimir varios padrones electorales, esta nueva ley implica un ahorro de recursos tanto medioambientales como económicos. Incluso, el Gobierno plantea ahorrar 8000 millones de pesos en financiamiento a los partidos, según Leandro Medina Dip, especialista en Comunicación Política por la Universidad Tecnológica Nacional. De todas formas, el politólogo afirmó que esta medida deberá ser acompañada por una fuerte campaña de educación cívica para asegurar que todos los ciudadanos la comprendan, que también tendrá su costo financiero. 

BOLETA ÚNICA 2
 “La BUP puede ser el ejemplo de cómo el diálogo político contribuye a generar cambios duraderos que mejoren nuestras instituciones”, expresó Gala Díaz Langou, Directora Ejecutiva de CIPPEC.

Crédito: Elaboración propia sobre la información de CIPPEC.


Durante el tratamiento reciente en el Senado, la oposición puso en duda que el Ejecutivo pueda hacer frente a la producción y a la distribución de la BUP. Uno de los factores principales es que solo cinco imprentas del país están en condiciones para llevar adelante este proceso, lo trae complicaciones en la logística. Además, esta ley implica un cambio en el calendario electoral de las PASO, que deberán estar lo más alejadas posibles de las elecciones generales para lograr la coordinación de los diferentes aparatos. 


Sanz de Urquiza explicó que, si la Boleta Única de Papel no se resuelve hoy en la cámara baja de Diputados, podría volverse a discutir en el futuro. Pero cada retraso reducirá las posibilidades de una implementación a corto plazo, especialmente de cara a las elecciones de medio término de 2025. 

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