¿Por qué se frena la designación de los titulares en las Defensorías?

La Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo tiene previsto reunirse el miércoles 5 de noviembre  para definir la terna de finalistas que se elevará al recinto. Este es un paso clave para cubrir un cargo que se encuentra acéfalo desde 2009, cuando renunció su último titular, Eduardo Mondino. Paralelamente, el concurso para designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra frenado, a la espera de un tratamiento en el Senado que no sesiona en el recinto desde finales de septiembre.

Defensor del Pueblo: un avance tras 16 años

El puesto de Defensor del Pueblo de la Nación es uno de los casos más emblemáticos de parálisis institucional. Según la Ley 24.284 que lo crea, su misión es la “defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos... ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

Tras 16 años de incumplimiento, el Congreso activó el mecanismo de selección. A finales de octubre, la Comisión Bicameral correspondiente realizó las audiencias públicas donde expusieron los 39 postulantes que continúan en carrera.

La Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo tiene previsto reunirse el miércoles 5 de noviembre  para definir la terna de finalistas que se elevará al recinto. Foto: Comunicación Institucional, Senado de la Nación. 

La definición de la terna movilizó a diversas organizaciones. Un consorcio de ONGs, incluyendo a Amnistía Internacional, ACIJ, CELS y Poder Ciudadano, presentó un documento con “Criterios para la designación”. Exigen que el seleccionado tenga “probada idoneidad moral, trayectoria en la defensa de los derechos humanos y género e independencia”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, calificó la oportunidad como “histórica” y subrayó la necesidad de que la próxima Defensoría esté “encabezada por una persona con independencia... capaz de fortalecer la confianza ciudadana en una institución esencial para el Estado de derecho”.

Julián Axat, abogado y poeta que fue Defensor de Menores en el Fuero Penal Juvenil de La Plata y que ahora se postula para el cargo, atribuyó la larga vacancia a la “imposibilidad del diálogo político y la construcción de acuerdos y consensos”. En su análisis, Axat diferenció la situación actual de las décadas posteriores a la dictadura, cuando “la política pudo construir durante la década del 80 y 90 acuerdos supra democráticos para poder conformar estos organismos”. Según el abogado, esos consensos “se rompieron” después de 2005, lo que condujo a un escenario donde “existen mezquindades políticas de un lado y del otro”. 

Defensor del Niño: un concurso frenado

Mientras el caso del Defensor del Pueblo parece avanzar, el concurso de 2025 para renovar al Defensor del Niño siguió el camino opuesto. El proceso, que constaba de varias etapas (entre ellas una presentación de antecedentes y adhesiones, un  examen, una propuesta de plan de trabajo y audiencia pública), terminó envuelto en denuncias de irregularidades. 

Grisel Gincoff, abogada especialista en políticas de niñez y una de las candidatas, relató su experiencia: “Quise confiar en que iba a ser algo transparente, quise confiar en el reglamento, fui muy ingenua”. La crítica central fue la falta de transparencia procesal. “Hubo colegas con gran trayectoria que pidieron el examen y no se los dieron, preguntaron sobre sus notas y no les contestaron”, explicó Gincoff.

Esta denuncia fue corroborada por un miembro de la propia comisión. El diputado Nicolás Mayoraz publicó en sus redes sociales: “La Comisión Bicameral del Defensor del Niño sigue sumando irregularidades. Hoy nos impidieron ver los puntajes... ¿Qué está ocultando la diputada Sarapura? No vamos a detenernos hasta que nos muestren esas planillas secretas”.

Pese a los reclamos, la comisión avanzó, aprobó una terna en Diputados y la elevó al Senado. “Tiene que resolver también la Cámara de Senadores que no está sesionando”, detalló Gincoff sobre el estado actual. Según la abogada, el colmo de la irregularidad fue que la lista de mérito final, que promedia todas las etapas, “se publicó después de la selección, que tendría que haber sido publicada antes”. 

Varias candidatas vinculadas a la UCA tomaron acciones legales al respecto y calificaron el concurso de “injusto, hiriente y ofensivo”. Entre ellas, se manifestó la Dra. Ada Luz Centurión que, junto a Grisel Gincoff y otras colegas, también presentó una acción de amparo en el fuero contencioso administrativo por las irregularidades del concurso.

Reclamo de transparencia por el concurso del Defensor del Niño frente al Congreso, el 7 de octubre. En el centro, el diputado Nicolás Mayoraz; a su izquierda, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. Fuente: Elaboración propia. 

La respuesta de la terna y el cálculo político

Pese a los reclamos, la comisión avanzó y seleccionó a la terna compuesta por María Paz Bertero (como Defensora), y Matías Robledo y Héctor Vito (como adjuntos).

La terna seleccionada emitió un comunicado afligidos por las “informaciones inexactas” y pidiendo no dejar el cargo acéfalo. Documento completo aquí. 

En una carta pública, la terna ganadora lamentó las “informaciones inexactas o tergiversadas que desvirtúan el debate público” y aseguraron que su desempeño “contó con buenas notas” además de “no contar con ninguna impugnación durante los procesos del concurso”. 

María Amalía Caballero, periodista de la organización Sembrar Valores en Familia, sugirió una razón política para la demora: “Consulté con asesores, la idea es aplazar el tema, en lo posible para el año próximo”. Caballero, quien se opone a la postura de Bertero al vincularla con la “militancia del pañuelo verde” y la agenda de organismos como IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar), sugiere que “por el resultado de las elecciones, habrá más legisladores afines a un defensor que realmente le importen los niños y no la plata de IPPF y otros organismos internacionales”. Esta perspectiva cobra fuerza tras los últimos resultados electorales, que modificaron la composición de la Cámara Alta a favor de los sectores opositores a la agenda de los seleccionados. 

 “Operadores políticos” vs. “Gente capacitada”

Aunque participan en concursos diferentes, las voces de los protagonistas coinciden en el diagnóstico del problema: la injerencia política sobre la idoneidad técnica.

Julián Axat fue categórico sobre el proceso del Defensor del Pueblo: “Ganan los operadores políticos, pero estas instituciones no deben ser utilizadas con fines partidarios. Deben estar por encima,  proteger y tutelar a la ciudadanía en vez de vincularse al barro político”.

La visión de Grisel Gincoff sobre el concurso del Defensor del Niño es similar: “No hay gente capacitada, entonces los nombramientos se terminan de hacer por cuestiones políticas, se ponen en cargos que tienen que tomar ciertas decisiones a gente no especializada”. En particular, la abogada relató un hecho que, a su juicio, evidenció la politización: una semana antes de la votación en comisión, el diputado Mayoraz, indignado,  “ya estaba al tanto de los nombres elegidos y menciona el nombre de Bertero”, quien efectivamente fue la seleccionada luego de la filtración de los seleccionados.

Un patrón de interinatos y vacantes crónicas 

Esta situación de falta de designaciones definitivas no se limita a las vacancias, sino que se repite en otros organismos clave a través de interinatos prolongados.

El Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales federales, es un cargo ocupado de forma interina por Eduardo Casal desde 2017. La designación de un titular permanente requiere una mayoría calificada de dos tercios en el Senado, un consenso político que ningún gobierno logró alcanzar todavía. Como resultado, el puesto de máxima jerarquía judicial se mantiene en estado de interinidad hace casi una década. 

Un mecanismo de inestabilidad similar se observa en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este organismo, que también debe ser designado por una comisión bicameral del Congreso, funcionó con una titularidad interina tras el vencimiento del mandato de Miriam Lewin. La interventora designada por el Poder Ejecutivo, Soher El Sukaria, concluyó su gestión este 2025 para reasumir su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba. A esta vacancia se suma que el proyecto de Ley Ómnibus, actualmente en tratamiento en el Congreso, propone la eliminación de esta Defensoría, junto a la de otras entidades públicas.