El Gobierno reaviva el debate por la Reforma Laboral tras su triunfo legislativo

Por: Juan Antonio Cárdenas Garrido.

Luego de la victoria electoral del 26 de octubre, el presidente Javier Milei ordenó retomar el tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por su gobierno. El proyecto, encabezado por la diputada oficialista Romina Diez, había sido presentado en 2024, pero su debate se frenó por falta de apoyo legislativo. Con el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso, La Libertad Avanza busca ahora avanzar con una iniciativa que promete modernizar el mercado de trabajo, mientras el sindicalismo y la oposición denuncian un intento de “flexibilización encubierta”.

El texto oficial propone ampliar la jornada laboral, permitir convenios colectivos por empresa, reemplazar las indemnizaciones por fondos de cese, y habilitar el pago de compensaciones en cuotas. Además, busca reducir contribuciones patronales y establecer un régimen de contratación más flexible para nuevos empleados. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, el objetivo es: “favorecer la formalización y atraer inversiones”, en un contexto donde más del 35% del empleo sigue siendo informal, según datos del INDEC.

Desde el oficialismo, Romina Diez afirmó al presentar el proyecto que la legislación laboral argentina es del siglo pasado y condena a millones de personas a la informalidad. La diputada, una de las principales impulsoras del paquete de reformas económicas, aseguró que el esquema propuesto no quita derechos, sino que los adapta al mundo del trabajo actual.

Romina Diez, diputada nacional libertaria que impulsa la Reforma Laboral, junto al Presidente y a Karina Milei, Secretaria General de la Nación. Foto: Infobae.

Sin embargo, la reacción sindical fue inmediata. El co-secretario general de la CGT, Octavio Argüello, expresó en diálogo con María O’Donnell: “No vamos a aceptar ni acompañar una reforma laboral que vaya contra los derechos de los trabajadores”. Agregó: “No se puede pretender que todo el ajuste pase por perder los derechos de los trabajadores”. Para el dirigente camionero, “el problema de fondo son las cargas patronales y la presión impositiva, no los convenios colectivos”.

Argüello también advirtió que el aporte sindical no es un impuesto; el sindicato le da muchos beneficios al trabajador. Y concluyó: “Entendemos que el mundo laboral está cambiando, pero eso no significa quitar derechos. Cuando el mundo reduce jornadas, acá quieren aumentarlas”.

En la misma línea, Eduardo Cabello, titular de la CGT San Juan, recordó en un comunicado emitido el 28 de octubre que la reforma “no aborda problemas estructurales como la generación de empleo ni el cierre de industrias”. Cabello insistió en que las medidas del Gobierno “profundizan la desigualdad regional” y anticipó que las delegaciones provinciales de la central obrera analizarán un plan de acción conjunto si el proyecto avanza.

Los sectores críticos también alertan sobre el impacto social y económico de las modificaciones. Según un análisis de Prensa Obrera, la reforma institucionaliza la precarización laboral como política de Estado al facilitar despidos y reducir la negociación colectiva.  El esquema propuesto permitiría extender la jornada laboral hasta 10 horas y eliminar las multas por trabajo no registrado, lo que implicaría una transferencia de costos desde las empresas hacia los trabajadores, comenta este medio.

El gobierno sostiene que la iniciativa busca dinamizar la creación de empleo privado y eliminar distorsiones en la relación laboral. No obstante, economistas y abogados laboralistas advierten que la ausencia de un esquema transicional podría generar “un vacío legal” y multiplicar los litigios judiciales.

En este nuevo escenario legislativo, el oficialismo confía en contar con el apoyo de parte del PRO y de un sector de la Unión Cívica Radical para avanzar con el dictamen. El bloque Provincias Unidas, que reúne a varios gobernadores, mantiene una posición expectante. El mandatario correntino Gustavo Valdés declaró: “La Argentina necesita cambiar, pero tenemos que mirar cuáles son los cambios que vienen”.

El debate sobre la reforma laboral , que divide a sindicatos, empresarios y fuerzas políticas, se perfila como uno de los ejes centrales del Congreso en los próximos meses. Con un escenario social tenso y una economía en transición, la discusión promete reconfigurar no sólo la legislación del trabajo, sino también las alianzas políticas que definirán el rumbo del país.