Adorni, vocero presidencial, confirmó que no habrá un decreto para la elección de los jueces del tribunal superior. Además, la Coalición Cívica realizó un pedido de juicio político para Lorenzetti, un juez de la Suprema Corte. El kirchnerismo impulsa una mujer para la vacante, pero el oficialismo no parece ceder ante esta propuesta. 

En la conferencia de prensa de hoy, Manuel Adorni, negó que la designación de los juecesde la Corte Suprema se hará mediante un decreto. Además, aclaró que no es un tema evaluado dentro del Gobierno.

La conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enfrenta a los partidos de la oposición y al oficialismo: diputados de la Coalición Cívica elevaron un pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y el kirchnerismo negocia los candidatos del alto tribunal y planea asignar uno de los puestos a una mujer. El oficialismo, por su parte, persiste en sus candidatos: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Según el proyecto de resolución del espacio creado por Elisa Carrió, a Ricardo Lorenzetti se lo pretende enjuiciar por “mal desempeño” y por eventuales delitos en la ejecución de sus funciones. A su vez, en este mismo documento se lo responsabiliza por mantener relaciones con la familia Milei y de convencer a Javier Milei de darle una mayoría automática en el tribunal. En el mismo archivo se expone que el doctor Lorenzetti intervino en la designación del juez Ariel Lijo, lo cual generó alertas sobre la imparcialidad del tribunal y sospechas sobre la actividad ética y moral de los magistrados. 

Por otro lado, la oposición, liderada por Cristina Fernandez de Kichner, propone negociar un puesto en la Corte Suprema a cambio de sus votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla, jueces ya propuestos por el Presidente. En el lugar de ellos, el kirchnerismo propone a Maria de los Ángeles Sacnun, abogada y exsenadora.  

Estas nominaciones siguen sin confirmarse, ya que no se obtienen las firmas necesarias. Verónica Nolazco, abogada y profesora e investigadora en Universidad Austral, explica que, una vez producida la vacante, en el plazo de 30 días se debe iniciar un procedimiento para la elección de un nuevo juez. Pero desde 2021, tras la renuncia de la doctora Elena Highton de Nolasco, quedó la silla y hasta la fecha no se han conseguido los votos necesarios. 

El Gobierno no promete abrirse a estas negociaciones que reclama el kirchnerismo y se resisten en que se dispute una ley para ampliar la Corte. A su vez, legisladores de la UCR, el peronismo antikirchnerista y de Unión por la Patria coinciden en que el gobierno nacional debe sentarse a negociar si quiere que los pliegos Lijo y García-Mansilla avancen en el Senado. 

Sin embargo, para que los jueces propuestos por el Presidente se conviertan en miembros del supremo tribunal, se debe reunir el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Luego, se requiere también los dos tercios en el Senado. Se estima que el oficialismo no logrará conseguir esos votos; por ende, la negociación es indispensable para el proceso de conformación de la Corte Suprema. 

Con respecto al pedido de juicio político, el abogado constitucionalista Daniel Sabday, comentó que ya se habían realizado otros dos pedidos anteriormente, como el que se promovió contra Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los cuales no concluyeron en nada. Además, comentó: “El pedido está bien planteado”.